Más allá del 8M

Cuando una voluntaria de la Red de Líneas Telefónicas Feministas levanta el teléfono, escucha del otro lado voces entrecortadas, temerosas o curiosas. Adolescentes, amigas, madres de familia, hijas, maestras, vecinas… mujeres.

Necesitan ayuda y, por ello, acuden a este espacio por contención y palabras de apoyo que las guíen hacia el ansiado fin: la protección de sus derechos.

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De las 480 llamadas recibidas en el Consultorio Jurídico Feminista, un 90 % está relacionado con casos de violencia de género. Según la abogada Mirta Moragas, muchos contactos registran obstáculos en el acceso a la Justicia en los juzgados de paz: “Podría hablarse de desconocimiento pero, sobre todo, de una actitud negativa hacia las mujeres que denuncian violencia. También recibimos quejas del maltrato de la policía a la hora de tomar las denuncias o que, a pesar de ser una obligación legal, los oficiales no comunican los casos ni a la Fiscalía ni a los juzgados”.

Ante estas situaciones, el plantel de profesionales que atiende las consultas ofrece asesoramiento legal para empoderarlas en el conocimiento de sus derechos. “Esto implica explicarles en un lenguaje sencillo cuáles son sus opciones legales. También conectamos con las instituciones estatales que pueden apoyar el seguimiento del caso”, explica. Desde su perspectiva, la prevención de la violencia debe comenzar necesariamente con un cambio cultural, ya que las barreras principales para el acceso a la Justicia parten precisamente de una burocracia que desalienta las denuncias. “No se puede abordar la violencia sin hablar del género, que es la revisión de los roles que cumplen hombres y mujeres en la sociedad y la manera en que esto se construye socialmente”, analiza la profesional.

De entre las 508 consultas que recibió EIS de Par a Par, línea de la organización Somos Pytyvõhára, la mayor parte tenía en común un evidente desconocimiento relacionado con métodos anticonceptivos. Si bien el número de apoyo busca brindar información científica respecto al tema, no desea suplir la consulta médica —al contrario, la incentiva— ni mucho menos remplazar la tarea gubernamental de garantizar el acceso a la salud reproductiva a todos sus ciudadanos.

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Para la abogada y militante por los derechos sexuales y reproductivos Belén González, miembro de Somos Pytyvõhára, una de las principales lecturas que se desprenden de las consultas es que la toma de decisiones se realiza, muchas veces, con desconocimiento y a tientas. “Y esa falta de información refleja la ausencia de un sistema que garantice el acceso a métodos anticonceptivos en compañía de una consejería que permita a las personas tomar decisiones sobre su cuerpo de manera informada, sin que su economía o ubicación geográfica influyan”, analiza.

Según el análisis de Eva Pereira, trabajadora social de la organización, en casos de violencia intrafamiliar, la acción se ciñe al seguimiento y la atención psicológica gratuita, ya que no se puede intervenir directamente en la problemática.

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“La dificultad más grande es encontrar una red de protección para los adolescentes que se contactan con nosotras”, asegura la trabajadora social. Resulta que, en muchas ocasiones, la violencia se genera en el entorno familiar, lo que genera barreras al momento de una denuncia. Entonces, se procede a guiar al adolescente en la identificación de adultos responsables en el entorno vecinal o educacional, que puedan acompañar un proceso de intervención con instituciones estatales. Además, se mantiene un registro de los hechos referidos por el menor de edad que luego es facilitado a la Defensoría de la Niñez.

Por su parte, la línea telefónica de Aireana recibió un total de 220 consultas acerca de diferentes tipos de discriminación en contextos relacionados con sexualidad, acoso y/o persecución a causa de orientación sexual, identidad y expresión de género. El ejemplo más claro es el de una institución educativa asuncena que desmatriculó a dos alumnas, en uno de los casos más sonados y virales de lesbofobia del último año, que provocó diversas manifestaciones.

Según Carolina Robledo, presidenta de Aireana, ante estas situaciones “la línea Rohendu plantea atención, búsqueda de soluciones y construcción de un puente canalizable con instituciones del Estado, sobre todo con el Ministerio de la Defensa Pública, que desde 2020 cuenta con un protocolo de atención a personas LGBTQ”.

La directiva expresa además que Rohendu también cumple una función de archivo, para prevenir que la falta de registro de casos de discriminación favorezca que estos aumenten de manera impune. “Sin datos oficiales, es difícil comprender la magnitud del problema. Documentar y difundir información constituye una forma de evidenciar estas prácticas sociales discriminatorias”, asegura.

Aunque la Red de Líneas Telefónicas Feministas no suple la labor del Estado, sí cumple un papel muy importante desde 2021, ya que brinda contención interdisciplinaria en cuestiones de género, educación sexual y discriminación. La atención que otorgan saca a relucir la necesidad de formar a instituciones estatales para contener consultas de diversos tipos y facilitar información de manera precisa, científica y libre de prejuicios.

Un hecho común entre todas las líneas es que, en el ámbito legal, las personas que viven situaciones de discriminación o violencia no se sienten protegidas por las instituciones correspondientes y, en muchos casos, no llevan sus vivencias a instancias jurídicas por miedo a que sus denuncias no sean escuchadas.